La Corte Constitucional ha decidido rechazar la recusación presentada por la Presidencia de la República contra siete magistrados que participan en la evaluación de los decretos relacionados con el estado de emergencia económica y social declarado en diciembre de 2025.
Esta determinación, tomada por la Sala Plena a través del Auto 247 de 2026, se basa en que la solicitud de recusación no cumplía con los requisitos procesales necesarios para este tipo de casos. De esta manera, los jueces continúan con el análisis de la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1390, que establece un estado de emergencia en todo el país, el cual fue suspendido temporalmente por la Corte mientras se revisa su validez.
La recusación, que fue presentada el 4 de febrero de 2026 por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, solicitaba la exclusión de magistradas y magistrados por supuestos conflictos de interés. Se argumentó que algunos de ellos podrían estar sujetos al nuevo impuesto al patrimonio establecido por el Decreto Legislativo 1474, lo que generaría un conflicto al momento de decidir sobre la constitucionalidad de los decretos de emergencia.
