El puerto de Chancay se ha convertido en el epicentro de una intensa disputa geopolítica que involucra a Estados Unidos y China. La situación es especialmente compleja, ya que coincide con un cambio en el gobierno y una controversia legal que afecta la supervisión estatal del principal terminal portuario del país. En este contexto preelectoral, cualquier percepción de debilitamiento en el control de infraestructuras estratégicas adquiere una relevancia política significativa. Lo que comenzó como un debate técnico sobre regulaciones se ha transformado en un debate sobre soberanía y relaciones internacionales.

Con una inversión inicial que supera los 1.300 millones de dólares, el puerto está gestionado por Cosco Shipping Ports, que posee el 60% de las acciones, mientras que el 40% restante pertenece a capital peruano vinculado a la minería. Este proyecto, inaugurado en 2024 por el presidente chino Xi Jinping, simboliza una profundización de los lazos comerciales entre Perú y Asia, aunque también genera tensiones con el segundo socio comercial del país.

En menos de un año, el puerto ha facilitado transacciones comerciales por casi 1.880 millones de dólares y ha recaudado más de 230 millones en impuestos aduaneros, además de reducir los tiempos de envío hacia Asia en hasta 15 días. Sin embargo, la inquietud en Estados Unidos sobre la supervisión de esta infraestructura ha llevado a tensiones adicionales. Mientras tanto, China defiende el proyecto como meramente comercial, en medio de un fallo judicial que limita las capacidades de regulación del ente fiscalizador, lo que podría tener repercusiones significativas para la soberanía del país en esta materia.