El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana ha decidido llevar a juicio al nicaragüense Alejandro P. R., acusado de participar en el tráfico ilegal de personas. Esta decisión se produce tras la denuncia de una familia ecuatoriana que intentaba llegar a Estados Unidos, la cual habría pagado 1.000 dólares al acusado para ser trasladada a Guatemala. En el momento de su arresto, Alejandro se encontraba transportando a sus víctimas en un autobús de la ruta 236, el cual fue detenido el 8 de octubre de 2022 durante un control policial en San Vicente.
El tribunal ha dispuesto que Alejandro P. R. no será encarcelado de manera preventiva, pero deberá cumplir con ciertas condiciones, como presentarse mensualmente ante el Tribunal Primero de Sentencia y no abandonar el país. Durante la audiencia, se aceptaron las pruebas presentadas por ambas partes, lo que permitirá continuar con el proceso judicial en su contra.
Por otro lado, el 9 de marzo, Manuel Suria Bolaños, de 55 años, fue condenado a seis años de prisión en San Salvador por tráfico ilegal de personas, afectando a dos víctimas. Suria Bolaños había prometido gestionar el viaje ilegal de las víctimas a EE.UU. a cambio de 6.000 dólares por persona. Sin embargo, nunca cumplió con lo acordado y tampoco devolvió el dinero recibido. Esta situación pone de manifiesto la creciente preocupación por el tráfico de personas en la región, lo que llevó a El Salvador a implementar la Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas en 2021, buscando enfrentar y sancionar más severamente a quienes se benefician del sufrimiento ajeno.
