La magistrada de Catarroja que lleva el caso de la dana que causó 230 muertes en Valencia el 29 de octubre de 2024 ha presentado un informe ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), donde critica severamente la falta de coordinación entre las diferentes consellerías. En su exposición, la jueza menciona específicamente la ausencia de órdenes o comunicaciones por parte de la Conselleria de Justicia e Interior, liderada por la investigada Salomé Pradas.
El documento detalla que la consellería a cargo no envió ningún tipo de instrucción o aviso a las demás áreas involucradas, a pesar de la magnitud de la emergencia. Entre las administraciones consultadas, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades también señaló no haber recibido solicitudes de cooperación o medidas de respuesta ante la crisis. Lo mismo ocurrió con la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, que confirmó que no se habían emitido pedidos de ayuda ante la situación de riesgo.
Además, la jueza subraya la escasa coordinación con la Conselleria de Medio Ambiente, que no envió recursos humanos para el control de los barrancos. Por otro lado, la Conselleria de Servicios Sociales, encargada de la teleasistencia, tampoco recibió indicaciones específicas para alertar a las personas vulnerables que finalmente perdieron la vida. La magistrada destaca que una adecuada gestión podría haber permitido advertir a los usuarios y evitar tragedias, subrayando así la grave falta de comunicación en momentos críticos.
