La jueza a cargo del caso de las inundaciones mortales ocurridas el 29 de octubre de 2024 en Valencia ha denunciado la circulación de estimaciones sobre el número de víctimas que superan las cifras oficiales. En un comunicado, la magistrada calificó estas afirmaciones como "una falta de respeto" hacia la memoria de quienes perdieron la vida en la tragedia, ya que se mencionan cifras que van desde 500 hasta 1.000 muertos, las cuales considera infundadas y perjudiciales tanto para las víctimas como para sus seres queridos.
En su exposición, la jueza subrayó que se han identificado a 230 fallecidos y se han analizado las circunstancias de cada caso. Detalló que las muertes ocurrieron en diversas situaciones, incluyendo viviendas, garajes y en la vía pública, y destacó que se emitieron avisos que pudieron haber mitigado las consecuencias fatales. Además, enfatizó la importancia de investigar la posible falta de alerta como un aspecto crucial para determinar responsabilidades.
El informe presentado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana también solicita una investigación contra el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y otros exfuncionarios, a quienes se les atribuye "inactividad negligente" en la gestión de la crisis. La jueza diferencia entre distintos niveles de responsabilidad, pero critica la "absoluta pasividad" que se observa en la Presidencia de la Generalitat durante el manejo de la emergencia, lo que justificaría la indagación por posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes. Según la magistrada, la difusión de rumores sobre un número mayor de víctimas distorsiona la realidad de la tragedia y genera confusión en la sociedad.
