La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) rechazó de manera categórica las acusaciones de malos tratos atribuidas a las fuerzas de seguridad españolas contra migrantes que ingresaron de forma irregular a Ceuta el 30 de julio. Las denuncias fueron incluidas en un informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos.
En un comunicado, la organización sostuvo que la actuación de la Guardia Civil "se ajusta estrictamente al marco legal español y europeo, así como a los protocolos vigentes". Además, expresó su "apoyo inequívoco" a los agentes que participaron del operativo durante la crisis fronteriza y destacó que desarrollaron su tarea en un contexto de "alta exigencia operativa".
Según JUCIL, la labor de los efectivos tuvo como objetivos proteger a la población y velar por la integridad territorial de España y de la Unión Europea. La asociación también remarcó que la actuación de la Guardia Civil se lleva adelante bajo el marco de una democracia constitucional y está sometida a controles internos y externos de los tribunales, el Parlamento y el Defensor del Pueblo.
En ese sentido, la entidad afirmó que España "está suscrita al 100%" de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, entre ellos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). También señaló que el país no forma parte de los convenios regionales americano y africano "únicamente por razones de adscripción geográfica".
La asociación sostuvo, además, que "no resulta procedente" que se formule la acusación, aunque el material disponible no incluye el desarrollo completo de ese planteo.
