La controversia en torno a la Fundación Universitaria San José ha despertado preocupación debido a la denuncia de que se habrían emitido títulos profesionales sin que los alumnos cumplieran con los requisitos legales establecidos. Este hecho ha puesto en tela de juicio la legitimidad de varios funcionarios y contratistas vinculados a la administración de Gustavo Petro.

Se ha dado a conocer que la situación de Juliana Guerrero, quien fue nombrada viceministra de Juventudes, no sería un caso aislado, sino parte de una práctica sistemática en la institución. Un exempleado, que prefirió mantener su identidad en reserva, declaró que era habitual la entrega de diplomas sin la presentación previa del examen Saber Pro, lo que generaba un ambiente de incertidumbre sobre la validez de los títulos.

Además, este exfuncionario aseguró que los estudiantes podían obtener su título profesional si firmaban una carta de compromiso para rendir el examen posteriormente, lo que evidenciaba la falta de un sistema de seguimiento que asegurara el cumplimiento de dicha promesa. Esta situación contraviene la normativa colombiana, que establece el Saber Pro como un requisito esencial para graduarse en educación superior, catalogando la entrega de títulos sin este examen como un fraude.