La República Islámica de Irán intensificó durante 2025 el uso de la pena de muerte y profundizó la represión social en un contexto marcado también por los bombardeos, la persecución, las ejecuciones y el aumento del costo de vida. Un informe elaborado por Iran Human Rights (IHR) y ECPM documentó al menos 1.639 ejecuciones el año pasado, frente a las 975 registradas en 2024.
El incremento fue del 68% y representó la cifra anual más alta de ejecuciones en Irán desde 1989, según el 18º Informe Anual sobre la Pena de Muerte en Irán. ECPM es una organización no gubernamental con sede en París que documenta y denuncia la aplicación de la pena capital en ese país. El relevamiento sostiene que las autoridades iraníes recurrieron a este mecanismo en una escala sin precedentes recientes.
Los datos correspondientes a 2026 todavía son parciales y pueden variar. El gobierno de los ayatolás no publica registros oficiales completos y una parte de las ejecuciones se realiza en secreto, sin anuncios públicos. De acuerdo con IHR, al menos 511 personas fueron ejecutadas durante este año. Entre ellas hay 29 condenadas por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, 16 mujeres y 13 presos políticos vinculados con grupos de oposición prohibidos.
El informe se conoce mientras la población iraní enfrenta una situación social y económica cada vez más compleja. La represión, las condenas a muerte y el deterioro del poder adquisitivo se suman a las consecuencias de los ataques y alimentan el rechazo hacia las autoridades. Según el panorama planteado en el material, una mayoría de los iraníes considera necesario poner fin al actual régimen político.
