Las repercusiones de una filtración en la Fiscalía han desencadenado una serie de muertes y graves acusaciones. Recientes documentos y testimonios revelan que dos desertores del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un agente encubierto fueron asesinados tras ser identificados como colaboradores de las autoridades. Este hecho ha suscitado investigaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios judiciales y el grupo guerrillero.
Los informes judiciales indican que la divulgación de información sensible permitió al ELN localizar a sus informantes, lo que derivó en lo que se ha catalogado como "ajusticiamientos". En el centro de las indagaciones se encuentran una fiscal especializada en crimen organizado y un investigador del CTI, quienes han sido suspendidos de sus funciones mientras se llevan a cabo las averiguaciones pertinentes.
Las muertes de Joaquín Vergara Mojica y Otto Daniel Aponte Vásquez, exintegrantes del ELN, se registraron en agosto de 2023, poco después de un supuesto acuerdo de cese al fuego entre la guerrilla y el gobierno. El ELN asumió la responsabilidad de estos asesinatos, tildando a Vergara de traidor y justificando sus acciones bajo la premisa de la traición a la organización. La tensión se intensifica al revelarse que la fiscalía había denunciado un plan para ejecutar a figuras públicas, lo que podría haber motivado la purga interna dentro del ELN.
