La controversia en torno a las oficinas comerciales de Perú en el exterior ha cobrado fuerza nuevamente, tras la difusión de un informe que plantea serias dudas sobre la gestión de recursos estatales. Este caso, que se centra en la oficina de PromPerú en París, ha suscitado un amplio debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de fondos públicos, especialmente en el contexto de la promoción internacional del país. La dirección de esta oficina fue ocupada por María del Rosario Pajuelo Escobar desde 2020 hasta abril de 2026, lo que la convierte en el foco de la investigación.
El programa de televisión que dio a conocer las irregularidades, Panorama, ha expuesto una serie de acusaciones que afectan directamente a la exencargada, incluyendo el presunto uso de recursos estatales para actividades de carácter personal. Las denuncias abarcan desde viajes oficiales cuestionables hasta la gestión de contratos y el manejo administrativo de la oficina. En ese sentido, la Contraloría General de la República ha iniciado un proceso de revisión de documentación para determinar si existieron violaciones en la administración de recursos públicos.
Uno de los aspectos más controversiales del caso es la contratación del chef peruano Daniel Montoya Estévez, quien trabajó durante la feria SIAL 2022 en París. Según su declaración, su labor se extendió más allá de lo estipulado en el contrato original, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de las actividades que realizó. Montoya relató que le indicaron que debía preparar una cena en el departamento de Pajuelo, lo que sugiere un uso indebido de los fondos destinados a la promoción comercial del Perú.
El monto de la contratación del chef también ha generado inquietud, ya que pasó de diez mil a doce mil quinientos euros sin una justificación clara de los servicios adicionales requeridos. Esta falta de transparencia en los contratos es alarmante y subraya la necesidad de un análisis más profundo sobre cómo se están utilizando los recursos públicos en la gestión de la oficina comercial. En sus declaraciones, Montoya enfatizó que nunca se le proporcionaron detalles precisos sobre los eventos a realizar, lo que añade una capa más de complejidad a la situación.
Además del testimonio de Montoya, otro relato relevante proviene del bartender Diego Soto, quien confirmó su participación en reuniones en la misma residencia de la funcionaria. Soto mencionó que algunos insumos utilizados en estos encuentros privados provenían de eventos oficiales, lo que sugiere una confusión entre lo público y lo privado. Este entrelazamiento de responsabilidades plantea serias dudas sobre la ética en la gestión de los recursos estatales, que deberían estar destinados exclusivamente a la promoción del país en el extranjero.
La situación se complica aún más con la revelación de denuncias administrativas presentadas por empleados de la oficina en París, quienes alegaron haber sido víctimas de acoso moral. A pesar de la gravedad de estas alegaciones, PromPerú optó por no admitirlas en su momento. En un intento por evitar mayores complicaciones legales, se firmó un acuerdo extrajudicial con uno de los trabajadores en mayo de 2024, el cual implicó un pago de ocho mil seiscientos cuarenta euros. Esto plantea interrogantes sobre la cultura laboral dentro de la oficina y si las denuncias fueron tratadas con la seriedad que merecen.
En resumen, el caso de María del Rosario Pajuelo Escobar y la oficina de PromPerú en París ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades que podrían tener implicaciones profundas para la credibilidad de la gestión pública en Perú. Las autoridades están ahora bajo presión para esclarecer estos hechos y asegurar que se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos. La continuidad de esta investigación será crucial para determinar las responsabilidades y la posibilidad de que se implementen reformas que eviten situaciones similares en el futuro.
