El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido imponer una amonestación pública al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) debido a la entrega tardía de un informe relacionado con la postulación de mujeres para las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno durante el pasado proceso electoral. Esta decisión se tomó en una sesión pública y responde a una vista emitida por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
El informe en cuestión estaba destinado a evaluar los criterios de competitividad aplicados a las candidaturas femeninas en las elecciones locales 2023-2024, que incluyen las gubernaturas de estados como Jalisco, Yucatán, Tabasco, Morelos y Guanajuato, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Tras analizar la situación, el Consejo General determinó que el partido había incumplido con la entrega de la documentación en el plazo estipulado.
Asimismo, en la misma reunión, el INE abordó dos Procedimientos Ordinarios Sancionadores relacionados con la afiliación indebida de 25 individuos a diferentes partidos políticos, de los cuales se acreditaron infracciones en cinco casos. A raíz de ello, se impuso una multa de más de 534 mil pesos al partido implicado, aunque no se especificó cuál fue. En un contexto más amplio, el INE ha sancionado a cinco partidos políticos con multas que suman más de 28 millones de pesos entre 2021 y 2025 por situaciones similares de afiliación sin consentimiento, evidenciando un problema persistente en el sistema político.
Por otro lado, el organismo también aprobó la destrucción de boletas, tanto válidas como nulas, así como documentos correspondientes a la primera elección judicial federal. Este material será reciclado en colaboración con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con el propósito de reutilizar el papel en la producción de textos educativos. Finalmente, el INE revisó los informes de ingresos y gastos de 33 organizaciones de observación electoral que participaron en la elección judicial 2024-2025, con el objetivo de garantizar la transparencia en el proceso electoral.
