La Corte Suprema de Justicia de Honduras ha decidido archivar el estado de excepción que estuvo en vigencia durante más de tres años. Esta decisión fue tomada por la mayoría de sus magistrados a través de un voto concurrente, que señala las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron bajo esta medida, que fue implementada por la presidenta Xiomara Castro.

Este fallo no solo evita que se asignen responsabilidades penales o civiles a los funcionarios y agentes del orden que participaron en su aplicación, sino que también ha intensificado el debate sobre las reparaciones a las víctimas y la efectividad de la justicia constitucional en el país. En la resolución final, los magistrados optaron por cerrar el recurso presentado en contra del decreto que suspendió las garantías constitucionales, alegando que dicha medida ya no estaba vigente.

De los 13 magistrados, siete votaron a favor del sobreseimiento, dejando constancia de las violaciones documentadas durante el estado de excepción. Mientras tanto, otros seis decidieron cerrar el caso sin proporcionar justificaciones adicionales. Marvin Espinal y Walter Miranda expresaron su desacuerdo con el sobreseimiento, aunque no ofrecieron alternativas procesales, ya que los efectos legales de la normativa habían finalizado. La comisionada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, destacó que esta resolución elude la investigación sobre posibles responsabilidades penales y civiles de quienes implementaron políticas estatales sin los controles internacionales necesarios.