El Congreso de Honduras ha dado luz verde a una legislación que busca implementar recortes en el gasto público y ajustes en el sistema judicial. Esta medida responde a la creciente presión económica que enfrenta el país, donde en los últimos cinco años los embargos judiciales contra el Estado han generado desembolsos que rondan los 10 mil millones de lempiras. Además, solo en los primeros 15 días de la nueva administración, las demandas sobre el Tesoro General ya superan los 3 mil millones de lempiras, según datos oficiales presentados durante el debate legislativo.
La nueva ley exige que los organismos de la administración pública, tanto central como descentralizado, adopten acciones extraordinarias y temporales en áreas como ingresos fiscales, control del gasto y gestión administrativa. Asimismo, el Poder Ejecutivo tendrá la autoridad para eliminar, fusionar o reducir organismos estatales, lo que podría resultar en la disminución de servicios y personal. Aquellos que sean despedidos recibirán indemnización, pero deberán aceptar este pago para renunciar a cualquier futura reclamación judicial.
Adicionalmente, la ley establece que, en caso de embargos por sentencias judiciales definitivas, los jueces deberán notificar a la Tesorería General y al organismo condenado para asegurar que los pagos se hagan de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, evitando así afectar otros servicios públicos. La Procuraduría General también ampliará sus competencias para gestionar conciliaciones y litigios, buscando mitigar posibles pérdidas económicas para el Estado. Por otro lado, una enmienda protegió a los servidores públicos que ingresaron mediante concurso, excluyendo a aquellos nombrados en las últimas semanas del anterior gobierno, mientras que la sesión final del Congreso estuvo marcada por intensos debates y confrontaciones entre los legisladores.
