El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ha aprobado reformas significativas a cuatro normativas que influirán en las elecciones presidenciales de 2027. Esta decisión se produce antes de la conclusión de su mandato y tiene como objetivo mejorar la transparencia y efectividad del proceso democrático en el país.

Los cambios normativos, que entrarán en vigor con la nueva administración a partir del 20 de marzo, establecen criterios claros que diferenciarán la propaganda electoral del proselitismo partidario. De acuerdo con el Acuerdo Número 58-2026, los partidos, candidatos y sus simpatizantes deberán ajustarse a límites y responsabilidades en la difusión de mensajes políticos, asegurando que la propaganda solo se realice durante la segunda fase del proceso electoral.

Además, se introduce la figura de la "tarifa electoral", que determinará el costo que los medios de comunicación podrán cobrar por la difusión de mensajes durante la campaña oficial. Solo aquellos medios que estén inscritos en el Plan de Distribución Integrado del Tribunal podrán participar en esta contratación, y se busca garantizar una distribución equitativa de los recursos públicos entre los diferentes partidos políticos, promoviendo así una competencia más justa.