El Congreso de Guatemala ha dado un paso significativo al aprobar la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN) con 123 votos a favor. Esta legislación, que reemplaza un marco normativo que había estado vigente durante casi setenta años, establece un nuevo paradigma en la defensa jurídica del Estado y en la protección de los derechos de las poblaciones vulnerables, especialmente la niñez. Con un presupuesto inicial de Q340 millones, la ley introduce cargos y procedimientos innovadores que buscan dotar a la PGN de herramientas efectivas frente a los crecientes desafíos legales y las amenazas a los derechos fundamentales.

Uno de los cambios más relevantes en esta nueva legislación es la posibilidad de descentralizar las operaciones de la PGN, lo que permitirá una mayor especialización en áreas jurídicas complejas y facilitará la contratación de profesionales tanto del ámbito nacional como internacional. El texto de la ley, que consta de setenta artículos, redefine el rol del procurador general, quien será nombrado y destituido por el presidente de Guatemala por un período de cuatro años. También establece criterios claros para la selección de esta figura y el régimen disciplinario interno, resaltando la autonomía administrativa y financiera de la PGN.

Durante la discusión en el parlamento, el diputado Álvaro Arzú, presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, enfatizó la necesidad urgente de esta reforma, argumentando que la PGN había operado con una normativa obsoleta que debilitó su capacidad para contratar personal calificado y competir en litigios internacionales. La creación de la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia es un avance notable, ya que este nuevo organismo será responsable de ejecutar medidas de protección y representar legalmente a menores no amparados. La diputada Andrea Reyes, por su parte, subrayó la saturación de casos vinculados a la niñez, destacando que esta reforma permitirá ofrecer una representación digna y eficaz a quienes más lo necesitan.