Tomás Aladino Gálvez, fiscal interino de la Nación, ha decidido archivar la denuncia presentada contra Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso, por supuestas presiones y amenazas a jueces encargados de evaluar la situación de militares procesados bajo la Ley 32107. Esta decisión, tomada de manera sorprendentemente rápida, se dio a conocer el 24 de febrero de 2026, apenas un mes después de que la denuncia fuera interpuesta por familiares de las víctimas de la masacre de Cayara.

La denuncia, interpuesta el 23 de enero, acusaba a Rospigliosi de presionar a los jueces de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, quienes estaban evaluando la aplicabilidad de la mencionada ley a los militares procesados por delitos graves, incluidos homicidio calificado y desaparición forzada, en el marco del caso N.° 49-2005. Los acusadores argumentaron que el congresista había ejercido presión a través de amenazas directas, como se detalla en un artículo publicado en un medio de comunicación, donde Rospigliosi tildó de "ilegales" los procesos relacionados con Cayara, sugiriendo que los jueces podrían enfrentar consecuencias legales si no aplicaban la ley.

Además, se indicó que el presidente del Congreso participó en una audiencia judicial virtual, dejando clara su presencia, lo que, según los familiares de las víctimas, constituyó una violación a la independencia del sistema judicial. Esta situación ocurre en un contexto donde la Ley N.º 32107, aprobada por el Congreso, redefine ciertos delitos de lesa humanidad y limita su imprescriptibilidad. Cabe destacar que la solicitud de los militares en cuestión de que se declare la prescripción de su proceso está siendo considerada por la Sala Penal Nacional, en un caso que ha generado gran atención pública.