Recientemente, la revelación del exárbitro y analista Wilmer Barahona sobre supuestos pagos irregulares para acceder a designaciones en el fútbol colombiano ha desatado un intenso debate sobre la continuidad de las autoridades encargadas de esta labor en la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).
Barahona afirmó que recibió comunicaciones de un árbitro activo, quien presentó pruebas documentadas de transferencias realizadas a individuos con influencia en la asignación de partidos. Según las afirmaciones del exárbitro, estos pagos, conocidos en el ámbito arbitral como "peajes", serían sumas entregadas para asegurar la participación en encuentros oficiales.
El árbitro que proporcionó la información teme represalias y una posible expulsión del arbitraje, tal como ha sucedido en casos anteriores. Asimismo, Barahona indicó que el denunciante ha solicitado formalmente los comprobantes de las transacciones para entregarlos a las autoridades competentes. El escándalo involucra a Imer Machado, director de la Comisión Arbitral, quien es señalado por su posible participación en esta red de designaciones. Un análisis legal del abogado Jony Esneider Villegas Arenas sugiere que, de confirmarse estas acusaciones, los involucrados podrían enfrentar serias consecuencias penales por corrupción y administración desleal, entre otros delitos.
