Las principales distribuidoras de gas natural en Colombia, incluyendo Promigas, TGI, Promioriente, Transmetano y Transoccidente, han respondido a la reciente orden del Gobierno nacional que les exige devolver más de $150.000 millones a los usuarios. Esta compensación se debe a presuntos sobrecostos en el transporte de gas tras el ajuste tarifario implementado en 2023.
Las empresas argumentan que no hay justificación para realizar dicha devolución, ya que aseguran haber cumplido con la normativa vigente sin trasladar cobros indebidos a los consumidores. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía determinaron que el aumento en la tasa de descuento regulatoria (Wacc), que pasó del 10,94% al 11,88%, fue el causante de un incremento en los costos de transporte que afectó a hogares y comercios en el país.
En un comunicado conjunto, las transportadoras de gas refutaron las acusaciones, subrayando que han aplicado la regulación de manera estricta y transparente. Según las empresas, no han generado ni trasladado sobrecostos a los usuarios, por lo que consideran que no hay lugar para las devoluciones. Además, citan un laudo arbitral que respalda su posición, afirmando que han actuado conforme a la normativa al aplicar la tasa de descuento correspondiente.
