Un estudio reciente de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá, en colaboración con la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, pone en evidencia la preocupación por la posible coacción y el fraude en las elecciones que se llevarán a cabo el 8 de marzo. Con la fecha de la votación cada vez más cerca, surge una pregunta recurrente entre los ciudadanos: ¿cómo identificar prácticas irregulares y qué medidas pueden tomarse para denunciarlas sin comprometer la seguridad personal?

El informe destaca que 170 municipios se encuentran en situación de riesgo elevado para estas elecciones, de los cuales 81 están en riesgo extremo. Estas áreas, que excluyen Bogotá, albergan a más de 4.5 millones de votantes, lo que representa aproximadamente el 11% del total del censo electoral. La académica Margarita Martínez, autora del análisis, aclara que aunque no se puede predecir el número exacto de delitos electorales, la información permite enfocar esfuerzos de vigilancia y denuncia en los lugares más críticos.

Adicionalmente, la Registraduría ha confirmado que más de 41 millones de personas están habilitadas para votar, distribuidas en 13,746 puestos de votación en el país y en el exterior. Además de elegir a sus representantes en el Congreso, los ciudadanos tendrán la oportunidad de participar en tres consultas interpartidistas presidenciales. Es importante señalar que no todas las acciones que generan controversia en las campañas son consideradas delitos, pero cualquier conducta que comprometa la libertad del votante o la transparencia del proceso electoral debe ser denunciada, ya que incluye prácticas como la compra de votos, coerción y obstrucción de la votación.