El Tribunal Supremo confirmó las penas de inhabilitación impuestas por un delito continuado de prevaricación al expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez Barazón y a otras tres personas, en la causa vinculada con el denominado caso Púnica. El expediente analizó contratos relacionados con la reputación online del organismo provincial.
La Sala de lo Penal rechazó los recursos presentados por los condenados, la Fiscalía y la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). De esta manera, quedó ratificada la decisión adoptada por la Audiencia Nacional en 2023.
Martínez Barazón fue condenado a ocho años y medio de inhabilitación especial, con la atenuante simple de dilaciones indebidas. También recibieron penas de inhabilitación Pedro Vicente Sánchez, quien se desempeñaba como coordinador general de la Diputación, y Manuel Jesús López Sánchez, entonces interventor del organismo.
La misma sanción alcanzó a Alejandro de Pedro, identificado en la causa como el “conseguidor” de la Púnica, además de informático y consultor. La Audiencia Nacional le había impuesto cuatro años y tres meses de inhabilitación.
En el juicio, el tribunal había absuelto a José Antonio Alonso Conesa, socio de De Pedro en las empresas Madiva y Eico y exalcalde de Cartagena por el PSOE entre 1991 y 1995. También había dictado la absolución de Guadalupe Caballero, trabajadora de esas compañías. Asimismo, absolvió a todos los acusados de los delitos continuados de fraude, en contra del criterio de la Fiscalía.
