En una reciente reunión del Consejo de Ministros, Amelia Pérez, directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), expresó su preocupación ante la posibilidad de que más de 19.000 propiedades confiscadas a organizaciones delictivas regresen a manos de sus antiguos dueños. Pérez señaló que esta situación es consecuencia de una resolución emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro, la cual insta a la Fiscalía General de la Nación a actuar en la extinción de las medidas cautelares que protegen estos bienes.
La funcionaria advirtió que si la Fiscalía no toma medidas adecuadas, los inmuebles podrían ser reintroducidos al mercado sin que haya un fallo judicial que determine su futuro, lo que facilitaría su recuperación por parte de grupos criminales. Además, Pérez denunció que la circular del superintendente ha puesto a la SAE en una posición vulnerable, enfrentando acciones legales y amenazas a su integridad y la de otros funcionarios.
Durante el Consejo, se destacó la urgencia de proteger los activos recuperados en el marco de la lucha contra el narcotráfico, así como la importancia de asignar estas tierras a campesinos dentro del proceso de Reforma Agraria. Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro ha solicitado la creación de una unidad policial especializada para resguardar a los campesinos beneficiarios, subrayando que permitir la devolución de propiedades a mafias podría representar un retroceso significativo en los esfuerzos del Estado por recuperar tierras vinculadas a actividades ilícitas.
