El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha manifestado su intención de investigar a fondo los criterios utilizados para la asignación de viviendas de protección oficial en todos los municipios de la Comunidad Valenciana. La ministra de Vivienda y miembro del Comité Federal del PSOE ha expresado su preocupación por las irregularidades detectadas en este ámbito, especialmente en relación con recientes casos que involucran a miembros del Partido Popular y sus familiares.
La iniciativa del PSOE se enmarca en un contexto de creciente inquietud tras un escándalo en Alicante, donde se ha señalado que varias propiedades públicas habrían sido adjudicadas a dirigentes del Partido Popular y sus allegados. Desde la dirección del partido, se sostiene que este fenómeno no es un simple hecho aislado, sino que responde a una práctica sistemática que requiere la intervención del presidente autonómico, Juanfran Pérez Llorca, para garantizar una revisión exhaustiva de todos los casos en la región.
Además, el PSOE ha advertido sobre la falta de transparencia en el proceso de adjudicación, afirmando que la eliminación de controles históricos permite que cualquier persona, sin cumplir con los requisitos económicos establecidos, pueda acceder a una vivienda de protección oficial. Esta situación no se limita a Alicante, sino que representa un desafío que podría afectar a diversas localidades en la Comunidad Valenciana. La ministra ha enfatizado la necesidad de asegurar que la vivienda pública esté destinada a quienes realmente la necesitan, y no a aquellos que gozan de privilegios.
El partido también ha solicitado la derogación de la legislación actual que, según ellos, favorece a miembros del PP, abogando por el restablecimiento de normativas anteriores que garantizaban un acceso equitativo a estas viviendas.
