El juicio que enfrenta a la eurodiputada francesa Rima Hassan, perteneciente al partido La Francia Insumisa (LFI), por un delito de apología del terrorismo, ha sido postergado hasta octubre. Esta decisión se tomó a solicitud de su defensa, que argumentó la necesidad de tiempo para analizar la documentación presentada recientemente por varias partes civiles de la acusación. Durante la audiencia, el ambiente fue tenso, marcado por la presencia de cientos de manifestantes en las afueras del tribunal que mostraron su apoyo a la política, contrastando con el silencio en el interior.
Rima Hassan, quien llegó al tribunal luciendo una kufiya, fue recibida por una multitud que incluía a figuras prominentes del LFI, como su líder Jean-Luc Mélenchon, y otros representantes políticos. Estos manifestantes portaban banderas palestinas y carteles en apoyo a la eurodiputada, lo que refleja la polarización que genera este caso en la sociedad francesa. La situación resalta no solo la defensa de Hassan, sino también un contexto más amplio de protestas en torno a la causa palestina y la percepción de represión política en el país.
La acusación contra Hassan surge de una publicación en redes sociales que, según sus detractores, incita a la violencia y justifica el terrorismo. Manuel Bompard, coordinador nacional del LFI, ha denunciado lo que considera un acoso sistemático hacia la eurodiputada, argumentando que ha sido objeto de 22 denuncias, de las cuales 13 han sido desestimadas. Este hecho ha generado un debate sobre la libertad de expresión y los límites de la crítica política en Francia, especialmente en un contexto donde la cuestión palestina es altamente sensible.
Rima Hassan ha manifestado que la causa palestina representa un espejo de la democracia en Francia y ha criticado la constante persecución que enfrenta su partido. “No pasa una semana sin que La Francia Insumisa sea sistemáticamente juzgada”, declaró antes de ingresar al tribunal, enfatizando el clima de hostigamiento que rodea su figura. La eurodiputada, además, hizo una referencia a su compromiso con la causa palestina, citando una frase de Kozo Okamoto, un japonés condenado por un atentado en Israel, lo que ha alimentado la controversia en torno a sus declaraciones.
En caso de ser condenada, Hassan podría enfrentar hasta siete años de prisión, una multa de 100.000 euros y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante una década. La gravedad de las acusaciones ha llevado a que alrededor de diez asociaciones se sumen como partes civiles en el proceso, entre ellas la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA) y la Oficina Nacional de Vigilancia contra el Antisemitismo (BNVCA).
La defensa de Hassan ha criticado la estrategia de las partes acusadoras, que presentaron sus demandas a última hora, lo que ha dificultado la preparación adecuada para el juicio. El abogado de la eurodiputada, Vincent Brengarth, argumentó ante el juez que no podía ofrecer una respuesta satisfactoria en el tiempo estipulado, lo que llevó a la decisión de aplazar el juicio hasta el 19 y 20 de octubre. Este aplazamiento subraya no solo las complicaciones legales del caso, sino también la controversia social que rodea a Hassan y su defensa de la causa palestina.
