Cada año, el Estado colombiano deja de recibir miles de millones de pesos debido a decisiones fiscales que, aunque a menudo pasan desapercibidas para la ciudadanía, afectan de manera directa las finanzas nacionales. Estos beneficios tributarios, que consisten en mecanismos que reducen la carga impositiva de empresas y ciudadanos, se han convertido en uno de los principales obstáculos para la sostenibilidad fiscal del país.

Recientemente, la discusión sobre estos incentivos ha recobrado relevancia en medio de un panorama económico complicado. El aumento del déficit fiscal, combinado con ingresos que no cumplen las expectativas, ha llevado al Gobierno a explorar nuevas fuentes de financiamiento a través de reformas tributarias y decretos de emergencia. Sin embargo, un aspecto del sistema tributario que rara vez se examina en profundidad es el costo asociado a las exenciones y descuentos que el Estado otorga.

Según estimaciones del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el costo de estos beneficios ha ido en aumento en los últimos años, alcanzando en 2023 la alarmante cifra de $136 billones, lo que equivale aproximadamente al 8,7% del Producto Interno Bruto. Este monto representa recursos que el Estado decide no recaudar, lo que a su vez limita la disponibilidad de fondos para financiar políticas públicas necesarias en un contexto de creciente demanda social y restricciones presupuestarias.