El Congreso de España lleva a cabo este lunes una sesión clave en la que se interroga a Josep Lanuza, asesor del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV). Su testimonio ha suscitado una fuerte controversia al contradecir las declaraciones de los escoltas del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sobre su llegada al Palau durante la DANA del 29 de octubre de 2024. La declaración de Lanuza ha complicado el relato de los hechos y coincide con decisiones judiciales que cuestionan la actuación de Mazón en medio de la crisis.
Lanuza, quien ya había sido interrogado previamente por la jueza Nuria Ruiz Tobarra el 23 de febrero, indicó que Mazón arribó al Palau alrededor de las 19:30 y que mantuvieron una conversación de entre veinte y veinticinco minutos antes de dirigirse al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). Esta versión contrasta con la de los escoltas, que afirmaron que Mazón solo estuvo en su despacho durante diez minutos antes de descender rápidamente. La jueza, al escuchar el testimonio, cuestionó la veracidad de las versiones, planteando: “¿A quién me tengo que creer?”.
A raíz de las declaraciones de Lanuza, la jueza decidió remitir un informe al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) para evaluar la posible imputación de Mazón, quien cuenta con inmunidad parlamentaria al ser parte de las Cortes Valencianas. Esta decisión se basó en la identificación de “negligencias” en la gestión de la emergencia, aunque la Fiscalía aún no ha respaldado esta interpretación, señalando que no hay suficientes evidencias para justificar una acusación formal en este momento. Además, en la misma sesión, Avelino Mascarell, diputado y responsable del área de Medio Ambiente, también compareció, abordando decisiones críticas tomadas durante la emergencia, como la retirada de bomberos en momentos cruciales, lo que contribuyó al desbordamiento de un barranco y la posterior inundación.



