Este miércoles, el Congreso se pronunciará sobre la iniciativa presentada por Sumar, que busca prohibir los despidos colectivos en empresas que trasladen su actividad fuera de la Unión Europea. La propuesta surge como respuesta a la creciente preocupación por las prácticas de deslocalización, utilizadas por algunas grandes firmas para eludir sus responsabilidades laborales.
La portavoz del grupo plurinacional, Verónica Barbero, expresó en una conferencia que el objetivo es erradicar la competencia desleal de aquellas empresas que buscan aprovecharse de situaciones ventajosas. Barbero citó ejemplos como el caso de ALCOA en Avilés y Coruña, que ha estado bajo investigación por presunta estafa, así como la situación de Forbia Porriño, donde la venta a Maderas Fiber resultó en despidos masivos y un proceso concursal en pocos meses.
En el sector textil, marcas como Zara y H&M han sido criticadas por trasladar su producción a países con menores estándares laborales, lo que ha llevado a la pérdida de miles de puestos de trabajo en el país. Inditex, por ejemplo, ha cerrado más de 1.400 tiendas desde el inicio de la pandemia. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respaldó la ley, señalando que es inaceptable que las empresas que reciben ayudas públicas puedan despedir personal mientras deslocalizan su producción. Además, la norma incluye medidas para asegurar la transparencia en las transmisiones de empresas, exigiendo la participación de sindicatos en las negociaciones.
Si el Congreso aprueba la tramitación de la propuesta, se abrirá un período de enmiendas que anticipa un debate acalorado entre los distintos grupos parlamentarios, en el que se plantearán cuestiones legales y económicas sobre su viabilidad y su alineación con las normativas europeas.
