Un grupo de diputadas costarricenses ha interpuesto un recurso de amparo ante la Sala Constitucional con el fin de detener la implementación de recortes automáticos que afectan la asistencia personal y los subsidios de vivienda destinados a personas con discapacidad. La iniciativa solicita que se suspendan inmediatamente estas medidas hasta que se resuelva si las nuevas limitaciones presupuestarias y la reducción de ayudas vulneran derechos fundamentales y el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
En el documento presentado, se destaca que muchas personas con discapacidad severa han visto una drástica disminución en su asistencia, pasando de recibir más de 100 horas mensuales a una eliminación total de este apoyo. Asimismo, el nuevo límite establecido para el subsidio de alquiler es de ₡60.000, una cantidad que, según el recurso, resulta insuficiente para permitir una vida digna e independiente.
Las diputadas Katherine Moreira, Montserrat Ruiz, Priscilla Vindas, Kattia Cambronero y Luz Mary Alpízar han presentado este reclamo formal ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, bajo el expediente 26-0067761-007-CO. El recurso cuestiona resoluciones administrativas del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) que, emitidas entre finales de 2025 y enero de 2026, han reducido o eliminado apoyos sociales esenciales para la autonomía diaria. Además, se advierte que estos recortes, definidos por un sistema automatizado, no han considerado la valoración técnica ni la actualización de los datos económicos y sociales de los beneficiarios, afectando así a numerosos ciudadanos sin justificación adecuada.
Katherine Moreira, quien preside la Comisión Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, enfatizó que lo que se está viviendo es una regresión en derechos humanos que coloca a las personas con discapacidad en una situación de vulnerabilidad extrema. También expresó que las medidas del Estado, bajo el pretexto de “corresponsabilidad familiar”, han trasladado su responsabilidad hacia las familias, aumentando el riesgo de exclusión social y dependencia. Las diputadas subrayaron que el nuevo tope de subsidio para alquiler no refleja los costos reales del mercado, lo que en la práctica empuja a las personas con discapacidad a condiciones aún más precarias.
