La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha desestimado la solicitud de una familia que pedía la suspensión de un desalojo de su vivienda de protección oficial, lo que les obliga a entregar el inmueble al Gobierno Vasco. El tribunal argumentó que la situación de vulnerabilidad que presentaron no es suficiente para frenar el proceso de desalojo en esta instancia.

El conflicto se remonta a diciembre de 2017, cuando el Gobierno Vasco inició el procedimiento para recuperar la vivienda que había sido otorgada a la familia bajo un contrato de arrendamiento que inicialmente era de un año, con posibilidad de renovación por hasta tres años. El alquiler mensual fijado era de 165,38 euros, a abonarse en los primeros días de cada mes.

A pesar de que el contrato expiró el 2 de diciembre de 2020, la familia continuó ocupando el inmueble, lo que llevó al Gobierno a presentar su caso ante la Justicia, argumentando que no existía un contrato vigente. Además, el Gobierno Vasco exigió el pago de una deuda de 1.615 euros, correspondiente a ocho meses de alquiler no abonados. En la defensa, la madre de la familia intentó argumentar su situación económica, solicitando que se evaluara su precariedad para considerar la suspensión del desalojo, pero el tribunal decidió que no era pertinente en esta fase del proceso judicial.