El Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova Herrera, llevó a cabo una inspección en dos sedes de la Policía Nacional Civil (PNC) en Ciudad de Guatemala. El objetivo de esta revisión fue evaluar las condiciones laborales de los agentes y asegurar que el Estado proporcione entornos dignos para quienes realizan tareas de seguridad. Esta actividad se enmarca dentro de las recomendaciones previas emitidas por la institución hacia el Ministerio de Gobernación, donde se destaca la importancia de recursos y equipamiento adecuados para los efectivos policiales.
Durante su visita a la Subestación 14-1-2 en La Bethania y la Comisaría 11, Córdova Herrera estuvo acompañado por la procuradora adjunta II, Ana Gabriela Cruz Leal, y el defensor de los Derechos Humanos y Periodistas, Fernando Trabanino. En el recorrido, se identificaron serias deficiencias que afectan tanto la dignidad como la seguridad de los policías, tales como colchonetas inutilizables, casilleros en mal estado, hacinamiento, exceso de humedad en paredes y techos, así como problemas eléctricos. También se observó el abandono de algunas unidades policiales y la falta de equipo de protección necesario para el trabajo diario de los agentes.
El 29 de noviembre de 2024, la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas había enviado un informe al Ministerio de Gobernación con recomendaciones basadas en una revisión de las instalaciones de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). Entre las propuestas, se incluyó la necesidad de mejorar la capacitación del personal en derechos humanos y la actualización de infraestructuras y equipamiento. Córdova Herrera enfatizó que una buena relación entre los policías y la comunidad es fundamental, pero que esto debe ir acompañado del equipamiento adecuado para enfrentar los desafíos en el ejercicio de sus funciones. Las evaluaciones sobre las condiciones laborales de la PNC no se limitan a la capital, sino que también se extienden a otros departamentos como Izabal, El Progreso, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, siempre en colaboración con la Defensoría de los Derechos Humanos.
