La Defensoría del Pueblo ha expresado su apoyo a la legalidad del aumento del salario mínimo del 23% para el año 2026. Este respaldo se dio tras su intervención en el Consejo de Estado, donde se respondió a 17 demandas que cuestionaban el Decreto 1469 de 2025, emitido por el Gobierno de Gustavo Petro. Cabe recordar que este decreto, que establece un salario básico de $2.000.000 (incluyendo el auxilio de transporte), generó un intenso debate en el país.
La Defensoría argumenta que el incremento está alineado con principios constitucionales y compromisos internacionales, priorizando la dignidad humana y el derecho de los trabajadores a recibir un salario que les permita mantener a sus familias. La defensora del Pueblo, Iris Marín, enfatizó que la medida es fundamental para el bienestar de los trabajadores y debe asegurar condiciones mínimas para la subsistencia, defendiendo así los derechos humanos y el interés general.
Durante su intervención, Marín subrayó la importancia de un enfoque de derechos humanos en la discusión salarial, afirmando que el análisis no debe limitarse a aspectos meramente económicos. También destacó que el Decreto 1469 de 2025 cumple con los requisitos legales y constitucionales, incluso sin el consenso habitual entre actores como empresarios, sindicatos y el Gobierno. La Defensoría concluyó que la remuneración mínima esencial no es solo un número, sino una garantía de dignidad que sostiene los derechos ciudadanos y fundamentales de los trabajadores.
