La decisión de la jueza de Catarroja de trasladar la investigación sobre Carlos Mazón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha generado sorpresa entre los grupos de víctimas de la dana ocurrida el 29 de octubre de 2024. Estos colectivos han expresado su deseo de analizar cuidadosamente los argumentos presentados antes de emitir un juicio definitivo sobre el avance del caso.
La magistrada fundamenta su decisión en la situación política actual de Mazón, quien, aunque ya no preside la Generalitat, sigue siendo diputado en Les Corts. Esto implica que la competencia del caso recae en el TSJCV. Además, la investigación incluye a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y a su exnúmero dos, Emilio Argüeso, en relación a su gestión durante el trágico evento que dejó 230 fallecidos y un desaparecido.
Las asociaciones de damnificados han recibido esta noticia con precaución. Rosa Álvarez, presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la Dana, manifestó su sorpresa por el traslado del expediente en este momento y reafirmó la confianza en la jueza de Catarroja. A su vez, la agrupación subrayó la importancia de que Mazón comparezca voluntariamente ante la justicia para ofrecer su versión y asumir responsabilidades por sus decisiones durante la emergencia, ya que consideran que la respuesta del gobierno autonómico ha sido insatisfactoria para las familias afectadas.
