El sistema de limpieza urbana, financiado mayormente por los impuestos municipales, atraviesa una profunda crisis debido a altos niveles de morosidad. En diversas áreas urbanas, esta morosidad supera el 70%, llegando a cifras alarmantes del 80% en distritos de Lima como Pachacámac y San Juan de Lurigancho. Este problema no es meramente administrativo; impacta directamente en la sostenibilidad financiera de un servicio vital para la salud pública, el entorno urbano y el bienestar de los ciudadanos.
La falta de pago por parte de muchos contribuyentes afecta gravemente la operación de los gobiernos locales, limitando su capacidad para realizar tareas esenciales como el barrido y la recolección de residuos. La consecuencia es evidente: disminución en la frecuencia de los servicios, deterioro de la infraestructura y un aumento en la acumulación de basura, con los riesgos sanitarios que esto conlleva. Esta situación genera un círculo vicioso que socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Además, la limpieza urbana tiene una función social y simbólica clave, ya que contribuye a la identidad y el sentido de pertenencia de los habitantes. Una ciudad ordenada y limpia refleja un compromiso colectivo, mientras que su degradación promueve una cultura de desinterés y abandono. La percepción de que otros asumirán los costos de la limpieza debilita el contrato social, creando inequidades donde quienes cumplen con sus obligaciones terminan subsidiando a quienes no lo hacen. Para abordar esta problemática, se sugiere implementar modelos que vinculen el pago con la cantidad de residuos generados, como el sistema "Pay-As-You-Throw" utilizado en diversas ciudades de Estados Unidos y Europa, que promueve el principio de que "quien contamina, paga".
