El caso judicial que involucra a Diego Marín, apodado "Papá Pitufo", ha destapado una red de contrabando en Colombia, desencadenando tensiones significativas dentro del Gobierno de Gustavo Petro y la Policía Nacional. Desde que se inició la investigación en 2022, el escándalo ha llevado a destituciones y conflictos internos, generando una crisis institucional sin precedentes.

La situación se originó en septiembre de 2022, cuando el presidente Petro instruyó a su entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, a priorizar la captura de Marín. Un periodista anónimo actuó como intermediario, conectando al intendente Álvaro Galvis con Velásquez y presentándolo como una fuente de información crucial sobre la red de contrabando. Esta conexión llevó a Galvis a colaborar con el fiscal Andrés Marín, quien desde 2017 lideraba la investigación contra "Papá Pitufo".

A medida que la investigación avanzaba, Galvis se convirtió en un agente encubierto, y la coronel Julie Ruiz se sumó al equipo para abordar la corrupción interna en la Policía Fiscal y Aduanera. Sin embargo, el entramado de relaciones y la intervención de otros agentes, como el mayor César Ortiz, complicaron aún más la situación, llevando a un escenario de desconfianza y conflictos entre las autoridades. En agosto de 2023, la situación se volvió crítica, con revelaciones sobre la conexión de Galvis con Marín, lo que podría haber contribuido a la salida del general Urrego.