Una madre, con la voz entrecortada, compartió su angustia en el Concejo de Bogotá sobre el futuro de la educación de los estudiantes con discapacidad. "Nuestros hijos aprenden a su ritmo. ¿Cómo pueden colocarlos en un aula con materias como Trigo, Física o Química?", expresó, señalando el desafío que enfrenta el sistema educativo. Su relato se dio en un contexto tenso, donde el cierre progresivo de aulas especiales fue el tema central de discusión.
Actualmente, Bogotá cuenta con 23.233 estudiantes con discapacidad que están pasando por un proceso de transición de aulas especializadas a entornos educativos inclusivos. Esta política, promovida por la Secretaría de Educación, ha suscitado gran preocupación entre padres y docentes, quienes advierten sobre los posibles efectos emocionales y pedagógicos que esta medida podría tener en los estudiantes.
La bancada de Alianza Verde hizo un llamado al distrito para que reevalúe esta estrategia, planteando la necesidad de modelos híbridos que mantengan el apoyo especializado para quienes lo necesiten. "La inclusión debe adaptarse a las necesidades individuales", argumentaron, mientras que Colombia Humana cuestionó la eliminación de aulas especializadas, enfatizando que es crucial mantener un enfoque diferencial que garantice una atención adecuada. La concejala Quena Ribadeneira también criticó la postura de la administración, advirtiendo que la falta de aulas de apoyo podría aumentar la deserción escolar y el bullying, lo que contradice el objetivo de inclusión.
El concejal José Cuesta recordó la realidad que viven los estudiantes en Bogotá, donde sólo un pequeño porcentaje recibe atención en Aulas de Apoyo Pedagógico, lo que no solo contraviene normativas existentes, sino que también pone en riesgo el bienestar de estos estudiantes. Desde la bancada de Marcha, se insistió en que una inclusión efectiva solo será posible si se garantizan las condiciones adecuadas de acompañamiento y recursos suficientes en las aulas.
