La crisis energética que enfrenta Perú, a raíz de la interrupción en el transporte de gas natural desde Camisea, ha suscitado serias preocupaciones sobre la seguridad del sistema y la capacidad del país para afrontar emergencias en su infraestructura energética. Este incidente, que tuvo lugar el 1 de marzo en el distrito de Megantoni, Cusco, ha llevado a especialistas a cuestionar no solo el evento aislado, sino también la falta de inversiones en el sistema que transporta el combustible.

Un estudio reciente del centro de análisis Síntesis Instituto revela que la paralización del gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha expuesto una vulnerabilidad crítica en el sistema energético nacional. Según el informe, la elevada dependencia de una única infraestructura para el transporte del gas de Camisea pone en riesgo la economía del país, afectando alrededor del 45% de la oferta eléctrica y, por ende, impactando en el mercado energético y los costos de producción.

Fernando Cáceres, director ejecutivo del centro de estudios, advirtió que el contrato de concesión del gasoducto estipulaba que debía operar con una disponibilidad cercana al 99% y contar con mecanismos para evitar interrupciones inesperadas. Sin embargo, el análisis indica que no se desarrollaron las ampliaciones necesarias en los tramos más críticos del ducto, a pesar de que desde 2010 se había autorizado aumentar la capacidad del sistema. La interrupción del suministro ha llevado a las centrales eléctricas a recurrir a combustibles alternativos, lo que ha encarecido notablemente el costo de generación de energía.