La Sala Constitucional de Costa Rica ha decidido investigar la legalidad de los acuerdos de seguridad firmados con Estados Unidos por el gobierno de Rodrigo Chaves. Esta acción se produce tras la admisión de un recurso de amparo que cuestiona si dichos compromisos internacionales podrían infringir principios fundamentales del país, como la abolición del ejército y la neutralidad perpetua. En este contexto, el Gobierno tiene un plazo de tres días hábiles para presentar un informe detallado sobre el acuerdo, sus fundamentos legales y las consultas previas realizadas antes de su firma.
El debate se originó tras la firma, el pasado 5 de marzo en Doral, Florida, de la Declaración Conjunta de Seguridad. Costa Rica estuvo representada por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, junto a autoridades estadounidenses y delegados de 15 países de la región. Dos días más tarde, el presidente Chaves participó en la conferencia Escudo de las Américas, convocada por Donald Trump, donde se abordó una propuesta que, según los demandantes, implica la idea de “paz a través de la fuerza” y la posibilidad de operaciones militares estadounidenses en la región, siempre bajo la autorización de los gobiernos involucrados. Sin embargo, el comunicado oficial de la Casa Blanca no especificó qué países habían ratificado el acuerdo.
En este momento, la Sala está evaluando tres procesos vinculados, entre ellos, dos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad, con los números de expediente 26-008255-0007-CO, 26-008226-0007-CO y 26-008212-0007-CO. El recurso que ha recibido atención prioritaria fue presentado por seis ciudadanos contra el Ministerio de Seguridad Pública y la Presidencia, quienes demandan la anulación del acto y el retiro formal de Costa Rica de la declaración firmada. La Sala ha indicado que el pacto podría vincular al país a una concepción de seguridad militar en el hemisferio, lo que los recurrentes consideran incompatible con el marco legal costarricense, además de resaltar la falta de consulta legislativa y la omisión de pedir un dictamen al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que consideran un requisito esencial para decisiones que afectan la política exterior del país.
