La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha dado luz verde a la implementación de penas más duras para aquellos que cometan robos con violencia y en transporte público en el Estado de México. Esta decisión fue tomada por el Pleno de la CSJN el 11 de marzo, al considerar que estos delitos no solo afectan el patrimonio de las víctimas, sino que también generan un clima de violencia y ansiedad en quienes utilizan estos medios de transporte.

Según el nuevo marco legal, las penas establecidas en el Código Penal del Estado de México se han visto reafirmadas. Así, el robo simple, en el que el valor de lo sustraído no excede 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conlleva una pena de prisión que varía entre seis meses y dos años. Por su parte, los robos con violencia serán castigados con penas de entre ocho y doce años, mientras que los robos en transporte público se enfrentarán a sanciones de entre nueve y quince años, aunque actualmente estas penas podían oscilar entre doce y dieciocho años.

La CSJN ha señalado que la decisión de endurecer las penas es proporcional y busca un castigo que se ajuste a la gravedad de los delitos y a las circunstancias en las que se cometen. Este enfoque responde a la necesidad de afrontar un problema de alta incidencia delictiva que afecta tanto la seguridad pública como la economía local. Además, la Corte reafirmó su compromiso con la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, al mantener el control de los Centros de Justicia para Mujeres bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en Chihuahua, garantizando así un enfoque exclusivo en la atención a este tipo de violencia.