La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el 4 de marzo una sentencia que establece la responsabilidad del Estado de Honduras en la violación de derechos fundamentales de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos. En su fallo, la Corte ordenó al país modificar su legislación y prácticas para asegurar que se realicen consultas previas, libres e informadas antes de tomar decisiones que impacten en los pueblos indígenas y tribales, lo que representa un paso significativo en la protección de sus derechos territoriales y colectivos.
Entre las medidas que el tribunal ha dispuesto se encuentran la realización de investigaciones efectivas sobre denuncias de amenazas y violencia, la difusión oficial del dictamen como un reconocimiento por parte del Estado, así como el pago de indemnizaciones por daños tanto materiales como inmateriales, y la restitución de los costos legales a favor de la comunidad afectada.
El fallo subraya que Honduras incumplió con normas internacionales al declarar y gestionar el archipiélago de Cayos Cochinos como área protegida. Esto incluyó la aprobación de planes de manejo ambiental y regulaciones pesqueras sin consultar a la población garífuna. La Corte enfatizó que el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas abarca no solo la titularidad, sino también el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, destacando la importancia de la pesca para la identidad y seguridad alimentaria de esta comunidad.
