Jorge Cotos Ochoa, quien asumió recientemente la presidencia del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se encuentra en el centro de un escándalo debido a su historial de sanciones y denuncias. En 2008, fue penalizado por autorizar el traslado irregular de prisioneros condenados por delitos graves, además de enfrentar una denuncia por violencia psicológica interpuesta por su esposa.
El funcionario, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sistema penitenciario, había sido destituido temporalmente de su cargo como director de la oficina regional de Lima del INPE tras descubrirse que facilitó el traslado de internos utilizando documentos judiciales falsificados. A pesar de que el Tribunal de Servicio Civil confirmó su responsabilidad en este caso, la sanción inicial de 20 días sin sueldo se redujo a una simple amonestación tras una apelación.
En 2019 y nuevamente en enero de 2026, el INPE decidió utilizar fondos públicos para cubrir los gastos legales de Cotos Ochoa en casos relacionados con abuso de autoridad. Además, en 2016, su esposa presentó una denuncia por violencia psicológica, aunque los detalles sobre el resultado de este caso no han sido divulgados. Su nombramiento se formalizó a través de una resolución firmada por el mandatario interino y el ministro de Justicia, en medio de una reestructuración del sistema penitenciario nacional.
Esta reestructuración busca abordar las deficiencias críticas en la gestión de los centros penitenciarios y establece la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que absorberá al INPE y otros programas relacionados, en un intento por mejorar la seguridad pública en el país.
