El Muelle 13 del puerto de Buenaventura se ha convertido en un punto álgido de controversia entre el Gobierno de Colombia y el operador privado Ventura Group, tras la suspensión de sus actividades debido a problemas ambientales. Esta medida, tomada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), surge después de varias inspecciones que revelaron serias irregularidades en el manejo de la infraestructura portuaria.
Las evaluaciones de las autoridades ambientales mostraron que las operaciones en el muelle estaban provocando contaminación, proliferación de plagas y sobrecarga operativa, lo que llevó a la decisión de frenar las actividades. Uno de los hallazgos más preocupantes fue la presencia de palomas sobre los alimentos almacenados, lo que plantea riesgos para la salud pública y el medio ambiente. Estos problemas se confirmaron en el marco de un proceso de supervisión que concluyó con el respaldo del Tribunal Superior de Bogotá, que ratificó la suspensión de las operaciones.
En medio de esta disputa, el Gobierno busca recuperar el control del muelle para destinarlo a actividades de pesca artesanal, con la intención de revitalizar la economía local y ofrecer nuevas oportunidades a las comunidades pesqueras. Sin embargo, Ventura Group ha cuestionado esta decisión y ha interpuesto diversas acciones legales para mantener su operación, lo que ha prolongado la incertidumbre sobre el futuro de esta importante terminal portuaria en la región del Pacífico.
