La justicia de El Salvador ha emitido un fallo significativo en la lucha contra la corrupción en el ámbito educativo. Alma Gómez y Patricia del Rosario Pérez, quienes desempeñaron roles clave en la administración de una escuela pública en Sonsonate, han sido sentenciadas a 12 años de prisión por su implicación en la apropiación indebida de más de 159,000 dólares destinados a la educación.

La investigación, liderada por la Fiscalía General de la República, expuso un esquema sistemático de malversación que se extendió entre 2018 y 2021. Durante este tiempo, Gómez ocupó el cargo de presidenta del Consejo Directivo Escolar, mientras que Pérez fue la tesorera del Complejo Educativo Estado de Israel, una de las instituciones educativas más relevantes de la localidad de Nahuizalco. A pesar de su responsabilidad en la gestión de los recursos estatales para mantener la infraestructura escolar y cubrir los gastos esenciales, ambas mujeres desviaron los fondos para usos no relacionados con la educación.

El inicio del proceso judicial fue provocado por una auditoría interna del Ministerio de Educación, que reveló un déficit alarmante en las cuentas del colegio. Se constató la desaparición de 159,133.24 dólares en los registros contables, sin ningún respaldo documental que justificara su uso. Esta situación se agrava al señalar que, mientras la escuela enfrentaba serias carencias, los recursos destinados a su funcionamiento eran extraídos sin dejar rastro de beneficio para los estudiantes. La condena impuesta busca no solo sancionar a las acusadas, sino también enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad que implica la administración de fondos públicos, especialmente en el sector educativo.