El gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha establecido un aporte extraordinario que obligará a las empresas generadoras de energía, tanto hidroeléctrica como térmica, a contribuir en la lucha contra la emergencia económica, social y ambiental ocasionada por condiciones climáticas adversas.
A través de un decreto emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se establece que estas empresas deberán transferir un 2% adicional de sus ventas brutas de energía durante un periodo de seis meses. Los fondos recaudados se destinarán a financiar proyectos de recuperación ambiental y mitigación del impacto en las áreas más afectadas, incluyendo lugares de alta vulnerabilidad como Córdoba.
La ejecución de estos recursos estará sujeta a directrices técnicas que serán proporcionadas por el ministerio en un plazo de 15 días, asegurando que no se mezclen con otros presupuestos. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, destacó que se han diseñado tres paquetes de medidas para abordar la crisis, que incluyen desde estudios sobre represas hasta la agilización de permisos para proyectos de agua y saneamiento, todo con el fin de atender las necesidades de las comunidades afectadas de manera efectiva.
