El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha decidido mantener la multa de más de 5.000 millones de pesos impuesta a los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro, correspondiente a las elecciones de 2022. Esta medida refuerza el control sobre el financiamiento electoral en el país y se enmarca en un contexto de creciente escrutinio sobre las prácticas de financiamiento político.

El pasado 4 de marzo, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada presentaron una ponencia que rechaza los argumentos esgrimidos por la defensa, que intentó anular la sanción. La resolución original, que fue aprobada en noviembre de 2025 por la sala plena del CNE con una votación de seis a tres, señala que los responsables de la campaña violaron los límites de gasto establecidos por la ley.

El impacto de esta decisión es significativo para tres figuras centrales del equipo de campaña: Ricardo Roa Barragán, Lucy Aydee Mogollón y María Lucy Soto Caro. Cada uno enfrenta multas que suman más de 5.000 millones de pesos por irregularidades en el financiamiento tanto de la primera como de la segunda vuelta electoral. A pesar de los intentos de la defensa por revertir la sanción, el CNE ha confirmado su validez y ha ordenado remitir el caso a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, lo que podría acarrear consecuencias legales adicionales para los involucrados.