El Gobierno de la Ciudad de México ha emitido un comunicado en respuesta a la controversia surgida tras el trágico derrumbe en el inmueble de San Antonio Abad 124, que causó la muerte de tres trabajadores. La administración capitalina ha detallado los procedimientos administrativos relacionados y ha tratado de aclarar diversas versiones sobre el incidente.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc, se ha desvinculado de la responsabilidad, argumentando que los permisos de demolición fueron otorgados por el Gobierno de la CDMX. Sin embargo, la administración local ha reafirmado que el edificio ya presentaba daños significativos desde los sismos de 2017, lo cual fue corroborado por un dictamen oficial emitido en 2018. Ante esta situación, los propietarios fueron notificados sobre la necesidad de llevar a cabo la demolición de manera urgente.

Las autoridades intervinieron de inmediato tras el accidente ocurrido en la colonia Tránsito, implementando acciones de rescate y brindando asistencia técnica y apoyo a las familias afectadas. Estas recibieron atención psicológica, alojamiento y asesoría legal, además de que se les garantizó el acceso a las indemnizaciones correspondientes. El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, destacó que la Comisión para la Reconstrucción solo puede facilitar trámites fiscales en propiedades privadas, pero no exime a nadie de cumplir con los requisitos normativos para la construcción y demolición, enfatizando la responsabilidad de la alcaldía en el registro y supervisión de estas actividades.