La extorsión en Colombia se ha convertido en un problema crítico que afecta tanto a áreas urbanas como rurales, con un aumento sostenido en la última década. Entre 2014 y 2023, las denuncias por este delito han crecido más del 70%, transformándose de un fenómeno aislado a un desafío estructural que impacta a la sociedad en su conjunto.
Un reciente estudio realizado por la Universidad Politécnico Gran Colombiano, abarcando más de 1.000 municipios, destaca cómo la producción agrícola legal, la vulnerabilidad histórica y la reconfiguración de grupos criminales han contribuido a la expansión de la extorsión. En este contexto, el sector cafetalero, que involucra a más de 550.000 familias en cerca de 600 municipios, se ha convertido en un blanco estratégico para organizaciones armadas, que aprovechan el flujo de efectivo y la baja bancarización en las zonas rurales para imponer cobros ilegales.
El informe también señala que, aunque entre 2014 y 2016 se observó una ligera disminución en los casos de extorsión, desde 2017 ha habido un notable repunte. Este cambio coincide con el proceso de desmovilización de las Farc y la reconfiguración del panorama criminal en el país. Además, se revela que la diferencia en las tasas de extorsión entre municipios cafeteros y no cafeteros se ha reducido drásticamente, sugiriendo que el problema se ha generalizado, afectando a diversas regiones, independientemente de su vocación agrícola.
La investigación concluye que el riesgo de extorsión aumenta en municipios con vocación cafetera y antecedentes de conflicto armado, especialmente en aquellos incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). Asimismo, la presencia de cultivos de coca exacerba esta situación, con tasas de extorsión significativamente más altas en estas áreas. En 2022, los departamentos de Chocó, Guaviare, Meta, Cauca y Arauca reportaron niveles alarmantes de extorsiones, evidenciando la gravedad del fenómeno en el país.
