La reciente ratificación de sanciones impuestas a los responsables de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 ha generado un fuerte pronunciamiento desde la oposición en Colombia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que se violaron los límites de gastos electorales, lo que resultó en multas que superan los 5.000 millones de pesos, desatando reacciones de figuras políticas como Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático.

Cadavid no tardó en manifestar su descontento a través de las redes sociales, donde calificó la decisión del CNE como una "ratificación de la trampa" que, según él, caracterizó la elección de junio de 2022, cuando Petro derrotó a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. El legislador criticó al presidente por cuestionar el sistema electoral que su propia campaña vulneró, instando a una reacción contundente ante esta situación.

La confirmación de las sanciones se produjo tras la presentación de una nueva ponencia por parte de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes decidieron no aceptar las solicitudes de nulidad ni los recursos de defensa. Esta decisión no solo afecta a los sancionados, entre los que se encuentran Ricardo Roa Barragán, exgerente de la campaña, sino que también abre la puerta a una revisión judicial más profunda del caso, que involucra cifras significativas y un contexto de acusaciones de irregularidades electorales.