La ciudad de Benidorm, emblemática por su desarrollo turístico y su creciente población, ha estado lidiando durante más de cuatro décadas con las limitaciones de su comisaría de Policía Nacional. Desde su inauguración en 1972, este edificio se ha vuelto insuficiente para una población que ha crecido exponencialmente, pasando de aproximadamente 25,000 habitantes a más de 70,000 en temporada alta. La falta de espacio y modernización ha llevado a situaciones insostenibles, como el estacionamiento de vehículos policiales en hoteles cercanos y la saturación de los calabozos, que en ocasiones no pueden albergar a más de 14 detenidos, obligando a trasladar a los restantes a dependencias de la policía local.
El Ministerio del Interior ha confirmado que la esperada construcción de una nueva comisaría está finalmente incluida en la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE-II), que fue recientemente aprobado por el Consejo de Ministros. Este plan representa una inversión de 900 millones de euros destinados a mejorar y construir infraestructuras policiales en todo el país hasta el año 2034. La promesa de un nuevo edificio ha sido un tema recurrente en la agenda desde principios del siglo XXI, pero hasta ahora había enfrentado múltiples obstáculos que impedían su realización.
Los agentes que operan en la antigua comisaría han expresado su frustración ante las condiciones deplorables en las que deben trabajar. Las instalaciones no solo son insuficientes en términos de espacio, sino que también presentan problemas estructurales significativos. Por ejemplo, las instalaciones de los vestuarios se encuentran en la última planta del edificio, lo que genera complicaciones cuando llueve, ya que el agua se filtra y obliga a los efectivos a colocar cubos para contener las filtraciones. Además, los problemas de higiene se han vuelto notorios, incluyendo situaciones en las que las plantas de marihuana incautadas debían ser almacenadas en los calabozos, lo que llevó a la aparición de plagas.
El actual presidente del Sindicato Reformista de la Policía (SRP), Manuel Soler, ha sido uno de los voceros más activos en esta lucha. Soler recuerda que, antes de 2014, la situación era tan grave que las plantas incautadas se almacenaban en un espacio que no estaba diseñado para tal fin, lo que provocó intoxicaciones tanto entre los agentes como entre los vecinos del área. Este tipo de incidentes subraya no solo la urgencia de modernizar las instalaciones, sino también la necesidad de proporcionar un entorno de trabajo seguro y adecuado para los agentes.
La presión para construir una nueva comisaría se intensificó a partir de 2014, cuando se formó la Plataforma Ciudadana 2014, un esfuerzo conjunto entre el SRP y diversas asociaciones vecinales. El entonces alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, apoyó la iniciativa, lo que llevó a la aprobación de un pleno para avanzar en el proyecto. En 2016, el Ayuntamiento completó los trámites requeridos por el Ministerio del Interior, incluyendo la cesión de un terreno de casi 5,000 metros cuadrados en la zona de Salt de l’Aigua, junto a los juzgados de la ciudad, donde se proyectaba levantar la nueva comisaría.
Con la reciente inclusión de este proyecto en el PLISE-II, los habitantes de Benidorm y el personal policial ven una luz al final del túnel. La construcción de un nuevo edificio no solo promete mejorar las condiciones laborales de los agentes, sino que también busca garantizar una mayor seguridad y atención a la creciente población de la ciudad. A medida que las obras se planifican y se ejecutan, la comunidad espera que esta iniciativa finalmente se materialice, marcando un hito en la historia de la seguridad pública de Benidorm.
