La acción judicial impulsada por Armando Benedetti, ministro del Interior, tuvo un desenlace inesperado. La Corte Suprema de Justicia decidió no avanzar con el proceso penal que había iniciado contra seis congresistas, a quienes Benedetti acusó de injuria y calumnia. Sin embargo, el tribunal también ordenó remitir el caso a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la conducta del propio funcionario por sus declaraciones en redes sociales.
La decisión se dio a conocer luego de que la Sala de Instrucción del alto tribunal revisara una denuncia presentada por Benedetti en respuesta a una carta enviada en febrero de 2025 al presidente Gustavo Petro. En dicha comunicación, las legisladoras Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo y Katherine Miranda manifestaron sus preocupaciones sobre el nombramiento del ministro, planteando cuestionamientos de índole política y ética.
Benedetti interpretó el contenido de la carta como un ataque a su reputación y optó por la vía judicial. Sin embargo, la Corte determinó que las congresistas actuaron en el marco de sus funciones, lo que les otorga una protección constitucional en el ejercicio del control político. Por lo tanto, el tribunal decidió no iniciar una investigación formal, al no encontrar elementos que constituyeran un delito. No obstante, se identificaron posibles conductas disciplinarias del ministro en publicaciones realizadas entre junio y septiembre de 2025, lo que podría derivar en sanciones administrativas.
