El Gobierno de Gustavo Petro ha decidido reactivar un decreto relacionado con inversiones obligatorias, un mecanismo que obliga a los bancos a destinar parte de sus fondos a créditos o inversiones en sectores específicos, como la vivienda y la agroindustria. Esta medida busca responder a la emergencia económica y climática que atraviesa Colombia, pero ha generado críticas significativas por parte de expertos y del sector financiero, quienes advierten sobre las posibles repercusiones en el acceso al crédito y la estabilidad del sistema financiero.
El 23 de febrero, se llevó a cabo una reunión clave en Casas de Santa Bárbara, donde se reunieron altos funcionarios del gobierno y líderes del sector bancario para analizar la situación. La sesión fue presidida por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y contó con la participación de importantes figuras del ámbito financiero, como Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, y César Ferrari, superintendente Financiero. Durante el encuentro, se debatió la viabilidad de las inversiones forzosas, aunque no se alcanzó una decisión final.
El Ministerio de Hacienda argumenta que estas inversiones obligatorias son necesarias para canalizar fondos hacia actividades productivas, especialmente en regiones afectadas por desastres naturales. Sin embargo, los representantes del sector bancario expresaron su preocupación por las implicancias que podría tener esta política, como un aumento en las tasas de interés. Malagón enfatizó: “Hoy fue la oportunidad para mostrar al ministro los efectos negativos de una inversión forzosa y los beneficios del pacto por el crédito”. La asistencia de altos ejecutivos del sector demuestra el interés en encontrar soluciones a la crisis actual.
