La situación de extorsiones en Perú ha alcanzado niveles alarmantes, como lo demuestra el reciente asesinato de un chofer en Callao a manos de sicarios. Pocos minutos después del ataque, sus colegas recibieron un mensaje por WhatsApp de la banda criminal ‘Los Pirañas de Ventanilla’, que se atribuyó el crimen y amenazó con más homicidios si las empresas no abonan los cupos exigidos.

Este tipo de amenazas no solo afecta a los transportistas, sino que también se ha convertido en una preocupación para otros sectores empresariales. A pesar de que muchos denuncian estas situaciones, las amenazas continúan e incluso se intensifican. Esto lleva a la pregunta: ¿por qué la Policía no puede localizar a los extorsionadores si se cuenta con el número de teléfono desde el que operan?

La dificultad radica en la legislación que protege la privacidad de las telecomunicaciones. Nino Boggio, gerente de Legal en Entel Perú, explicó que la empresa puede rastrear la información del titular del número, pero no puede compartirla sin una orden judicial. Este marco legal, junto con la falta de estabilidad política y cambios constantes en el gabinete, complica la implementación de medidas efectivas para combatir la criminalidad y fortalecer la seguridad pública.